La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del expresidente valenciano Francisco Camps por delitos de prevaricación y fraude en relación con la contratación irregular de la trama Gürtel para el montaje del expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009.

En un auto, la sección cuarta de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Camps contra su procesamiento en esta pieza del caso Gürtel, la número 5, en la que la Fiscalía Anticorrupción le pide 2 años y 6 meses de cárcel.

De esta manera, el procesamiento de Camps por parte del juez José de la Mata adquiere firmeza y la sala, tras la presentación de los escritos de acusación y defensa, abrirá juicio oral contra él por su presunta responsabilidad en esa contratación irregular.

El tribunal considera que han quedado acreditados los indicios de criminalidad contra Camps que exige la ley para continuar con la fase del juicio, ello con independencia de que puedan o no ser suficientes para condenarle por la adjudicación a Orange Market, filial de la Gürtel en Valencia, del montaje del expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009.

"Ha quedado acreditado indiciariamente -dice la sala- la participación directa y personal de Camps Ortiz en la adjudicación irregular del stand de grandes eventos Fitur 2009 y que, de hecho, venía direccionando la adjudicación de la contratación de Fitur en favor de la empresa de Pérez Alonso desde años atrás".

Entre esos indicios, relata que los expositores que participaron en las reuniones anteriores a la ejecución de los contratos afirmaron que se les informó de que serían autorizados por Presidencia y que los llevaría a cabo Orange Market.

Los jueces detallan otros indicios como que Camps sabía que el PP de Valencia tenía deudas con Orange Market, filial de Gürtel en Valencia, y que el expresidente valenciano participaba en adjudicaciones relacionadas con Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, responsable de Orange Market.

También destaca la estrecha relación entre Camps y el Bigotes por la importante deuda que el PP de Valencia tenía con Orange Market: "Las adjudicaciones de contratos direccionados por Camps Ortiz se produjeron con la finalidad de ganar tiempo y calmar a Pérez Alonso ante los continuos requerimientos que hacía".

Lo que pretendía el Bigotes, dicen los jueces, es que Camps "saldara la cada vez más voluminosa deuda del PP de la Comunidad Valenciana con Orange Market, que no era abonada, lo que creaba una situación difícil para la subsistencia de la empresa".

Según afirma la Fiscalía en su escrito de acusación por esta causa, Camps dio verbalmente instrucciones a la ex directora general de promoción institucional Salvadora Ibars para que le adjudicasen a Orange Market el montaje de ese expositor por 366.529 euros.

La investigación contra Camps surgió del juicio de la rama valenciana de Gürtel, cuando algunos acusados, como Álvaro Pérez el Bigotes y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, le apuntaron como responsable de adjudicaciones a Orange Market.

A raíz de esas declaraciones, la Fiscalía instó la reapertura de la pieza de Gürtel relativa a esa empresa para investigar a Camps y el juez finalmente le procesó solo por esta adjudicación.

En su declaración luego ante el magistrado por estos hechos, el Bigotes afirmó que Camps le dijo que le daba el contrato de Fitur 2009 en noviembre de 2008 cuando iban juntos paseando cerca de la casa del expresidente valenciano.

Por otra parte, la fiscal ha mantenido este martes en el juicio su petición de siete años y nueve meses de prisión para los números 1 y 2 de Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, por la rama de la trama en Jerez de la Frontera (Cádiz), cuyo Ayuntamiento adjudicó tres contratos supuestamente irregulares para Fitur 2004.

En el trámite de conclusiones definitivas la fiscal ha mantenido igualmente su solicitud de la misma pena de siete años y nueve meses de cárcel por los mismos delitos de falsedad documental y fraude a las administraciones públicas para el exempleado de las empresas de Gürtel Javier Nombela.

Para Isabel Jordán, exadministradora de sociedades de la trama, la Fiscalía pedía inicialmente la misma pena pero la ha reducido a un año y once meses al estimar que hay que aplicarle una atenuante de colaboración al ratificar la acusada en el juicio el escrito que presentó en la Fiscalía Anticorrupción el pasado 9 de abril, antes de la vista, en el que reconocía hechos y aportaba documentación.

La representante del Ministerio Público ha mantenido su petición de siete años de prisión para los funcionarios del Ayuntamiento de Jerez José Enrique Agüera, exdirector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad; Manuel Báez, exsecretario; Milagros Pérez, exinterventora, y Lourdes Montenegro, técnico municipal, y de dos para la exinterventora Milagros Abascal.

Las acusaciones, ejercidas por PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), se han adherido a la petición de la Fiscalía aunque la letrada de la primera ha estimado que los cinco acusados que trabajaban en el Ayuntamiento deben ser condenados a la pena mínima posible ya que seguían órdenes.

Por su parte el abogado de Correa ha estimado que en el caso de sentencia condenatoria habría que aplicar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, alegación a la que se han sumado otras defensas.

Correa y Crespo ya cumplen en prisión penas superiores a 60 y 50 años de prisión, respectivamente, impuestas en sentencias de otras piezas del caso Gürtel.

Este martes ha testificado la diputada del PP María José García-Pelayo, que ha asegurado que no tuvo relación alguna con personas de Gürtel y que siendo alcaldesa de Jerez se limitó a firmar documentos que le pasaban en el ayuntamiento del expediente de Fitur 2004 en la confianza de que eran correctos.

La declaración como testigo de María José García-Pelayo estaba prevista para este lunes pero el tribunal decidió retrasarla para que compareciera con abogado dado que la Fiscalía pretende que el Tribunal Supremo reabra la causa contra ella.

García-Pelayo ha asegurado que ni participó en ninguna reunión con personas relacionadas con Gürtel ni con el exjefe de prensa del PP el fallecido Isidro Cuberos, que según la Fiscalía intermedió entre el Ayuntamiento de Jerez y la trama de empresas de Correa a cambio de una comisión.

"Yo no he estado nunca en Serrano 40", la sede de las empresas de Correa, "y a lo más que he llegado de Serrano ha sido a Zara", ha asegurado García-Pelayo.